La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mantenido esta tarde una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, y el director general de Urbanismo y Servicios Generales, José Manuel Tato; el presidente de ENCE, Ignacio Colmenares; representantes del comité de empresa de los transportistas y sector forestal y del comité de empresa de la factoría.
Esta reunión responde al compromiso que la vicepresidenta adquirió en sendas reuniones con los trabajadores de ENCE de mediar en el diálogo que permita buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo de la compañía en Pontevedra. En este sentido, durante el encuentro se han abordado las preocupaciones de los trabajadores y se ha pedido a los participantes que identifiquen sus propuestas y alternativas en los dos escenarios que la empresa tiene por delante, el más restrictivo, hasta 2033, o más allá de esa fecha.
A LA ESPERA DEL FALLO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La vicepresidenta ha recordado que la decisión de la continuidad de la empresa en su ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no depende de este Ministerio sino exclusivamente de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional, donde se estudia el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016.
Hasta que ese fallo se produzca, y en respuesta a esa solicitud de los trabajadores de facilitar el diálogo entre empresa, trabajadores y Xunta, Ribera ha señalado que es bueno conocer “cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los distintos actores para ver de qué manera se puede acompañar ese proceso y explorar soluciones para el mantenimiento del empleo en la zona”, si bien ha insistido en que “se necesita un diálogo local” entre los interlocutores competentes.
“Es cierto que este ministerio no tiene las competencias, es la Xunta quien es responsable de las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales al respecto, pero también es verdad que no es un asunto del que nos queramos desentender cuando se ha planteado una petición de estas características” por parte de los trabajadores, ha manifestado la vicepresidenta al término de la reunión.
Ribera ha destacado que “tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas. Pensemos que la concesión de ENCE estará vigente como mínimo hasta el año 2033, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior gobierno, o si no es así, hasta el año 2073, que fue lo que concedió el anterior Gobierno aplicando una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente”.
Por tanto, ha insistido, “tenemos 10 años para preparar bien esa transformación. Evidentemente, cuanto antes se reduzcan las incertidumbres, cuanto antes se encuentren soluciones que den garantía, confort a los trabajadores y a los proveedores, más fácil será para todos. Y para esto es imprescindible el que cada uno de los actores identifique, no solamente cuáles son aquellas cuestiones que le preocupan particularmente y por qué, sino también cuáles son las propuestas que le parece que pueden ayudar a resolver, a encauzar, a dar una respuesta a esta situación con la plena garantía de los trabajadores en la zona”.
