A medida que un país va conquistando mayores cotas de desarrollo precisa recurrir a todas sus potencialidades económicas, en sentido amplio, y ello le compele a estudiarlas racionalmente para determinar su estado, su calidad, su uso, su cuantía y su probable futuro. Así ha ido sucediendo en las diversas naciones y, aunque con retardo respecto a otros campos, también los montes empezaron a ser contemplados con interés por la ciudadanía, consciente de su valor, de la trascendencia de sus variados servicios y de lo provechoso de su gestión sostenible, por lo que se produjo una presión sobre los dirigentes para obligarles a planificar una política forestal nacional, con su conveniente legislación, apropiados programas de actuación y estructura funcionarial precisa. Y, naturalmente, no era posible montar toda esta organización sin tener un conocimiento apropiado del ámbito forestal, tanto del más natural como del más antropizado, sobre el que se debe obrar.
La cantidad y calidad de los datos reclamados por los políticos y gestores depende, principalmente, del nivel de desarrollo del país, de la relevancia de sus montes y de sus disponibilidades económicas. Para publicar unas normas generales, relajadas e imprecisas basta con la información proporcionada por los propietarios, administradores y usuarios, tanto públicos como privados, del sector, pero si se desea un conocimiento amplio y preciso de los recursos objeto de gestión hay que hacer un inventario forestal nacional, de más o menos complejidad según el nivel de conocimiento pretendido.
Un inventario forestal nacional podría definirse como el proyecto encaminado a obtener el máximo de información posible sobre la situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable evolución y capacidad productora de todo tipo de bienes de los montes de un país en el momento de la inquisición. Esta definición abarca muchas clases de inventarios que pueden diferir tanto en sus objetivos como en las técnicas utilizadas.
Un inventario forestal nacional podría definirse como el proyecto encaminado a obtener el máximo de información posible sobre la situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable evolución y capacidad productora de todo tipo de bienes de los montes de un país en el momento de la inquisición. Esta definición abarca muchas clases de inventarios que pueden diferir tanto en sus objetivos como en las técnicas utilizadas.
Ya los primitivos cazadores neolíticos hacían a su manera inventarios forestales cuando buscaban en los bosques la madera de tejo para construir sus lanzas, pero no fue hasta la ocupación romana cuando Hispania tuvo su primer inventario forestal nacional con datos escritos, obra del griego Estrabón, que aparecieron en el año 7 a.C. en el libro tercero de su Geografía. Otros funcionarios romanos, como Caius Plinius (Plinio el viejo), le siguieron, lo que muestra la importancia de nuestros bosques por aquel entonces.
Desde la conquista germana pasaron muchos siglos sin casi documentos escritos sobre los montes españoles, lo mismo que sobre otros campos, hasta que en el siglo XIV, reinando Alfonso XI en Castilla se publica el "Libro de la montería" que, con la intención de mostrar los mejores cazaderos para los nobles, describe la ubicación y el estado de las más importantes masas arbóreas, constituyendo un protoinventario casi nacional (pues no comprende los reinos de Navarra, Aragón y Granada).
Posteriormente, y a medida que nuestro país se desarrollaba, fueron apareciendo nuevas informaciones sobre los montes, estando entre las más importantes el libro "Descripción y cosmografía de España" (1517) de Hernando Colón, hijo del descubridor de América, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se hicieron auténticos inventarios forestales nacionales, tal como los entendemos en nuestros días, primero para cuantificar las existencias de árboles útiles para la construcción naval (visitas a los montes de la Marina) y después para intentar planificar la economía (Catastro de Ensenada).
A causa de las políticas desamortizadoras del nuevo régimen y principalmente por la ley Madoz, que modificó el régimen de propiedad a millones de hectáreas de bosques, estos soportaron una notable degradación que preocupó a la ciudadanía y a la Administración. La política de protección diseñada empezó por hacer un inventario forestal de lo existente, la "Clasificación general de los montes públicos" de 1859, proyecto moderno y de calidad pero, como su nombre expresa, con información únicamente de la fracción no subastada, en la cual la actuación del Estado era más fácil.
Esta estadística de los montes públicos sobrevivió, con algunas crisis, a los cambios de gobierno y de régimen, integrándose a partir de 1940 en el anuario del Ministerio de Agricultura "Estadística forestal de España", que también contenía datos de los montes privados, pero parcos e inciertos, siendo dicho anuario durante mucho tiempo la única información disponible sobre los bosques españoles.
Varios factores convergieron a principios de los años sesenta del pasado siglo para producir el IFN1. El primero la percepción de las escasas, anticuadas, fragmentarias y dudosas estadísticas habientes para conocer el sector. El segundo los planes de desarrollo diseñados por el gobierno de entonces, que aspiraban a actuar sobre todos los recursos. El tercero la mejora de la situación económica del país, que produjo un aumento de los presupuestos estatales. Y el cuarto, pero no el menos importante, el acceso a nuevas técnicas, tales como las fotografías aéreas, los ordenadores electrónicos y los modernos aparatos dasométricos, cartográficos y de fotointerpretación, desconocidas hasta entonces en nuestro país, sin las cuales hubiera sido imposible realizar un inventario forestal nacional.
De resultas de todo esto se acopiaron medios y personal que, encuadrados en la Dirección General de Montes del Ministerio de Agricultura, diseñaron y ejecutaron el proyecto pedido entre 1965 y 1974. Esta obra, que fue un acontecimiento para su época, informó por primera vez sobre la situación global de los montes de la nación, con datos a escala provincial, regional y comarcal, rellenando los huecos existentes por entonces cuando sólo se tenían conocimientos parciales, bien de montes públicos, bien de ciertas zonas o bien de algunas situaciones especiales. La tecnología empleada fue muy novedosa y similar a la usada por los países más avanzados en este campo.
En todo fenómeno biológico el paso del tiempo produce variaciones que deben conocerse para actuar correctamente. Siempre es interesante una fotografía de la naturaleza, pero lo es mucho más varias componiendo un filme. Sabiendo esto, en los planes de los diseñadores del IFN figuraba implícitamente la continuidad del proyecto con su repetición después del primero y siguientes ciclos. Este ciclo se fijó en 10 años, con la posibilidad, en función de las circunstancias futuras, de rebajarlos a 5 para las zonas con árboles de crecimiento rápido. Sin embargo todos estos propósitos se desmoronaron debido a la convulsión política producida por los acontecimientos del año 1975 y siguientes.
El tiempo fue pasando y a comienzo de la década de los ochenta las autoridades forestales comprendieron preocupadas que se estaban edificando estrategias de gestión de estos recursos naturales renovables sobre unos cimientos que tenían, en muchos casos, una antigüedad de 20 años, cantidad excesiva aun para un ámbito que, como el forestal, cambia lentamente. Como consecuencia de esta inquietud se decidió reanudar los trabajos del Inventario Forestal Nacional.
Al iniciarse los estudios previos la experiencia adquirida por el equipo técnico, el mismo que había diseñado el IFN1, fue muy útil para mejorar el proyecto y corregir los fallos del pasado. La continuidad pasó a ser un atributo básico del inventario, por lo que se prepararon garantías que la sostuviesen. Asimismo, la incorporación de España a las entonces denominadas Comunidades Europeas generó nuevas solicitudes estadísticas y el desarrollo económico y social del periodo fomentó otras utilidades de los montes además de la tradicional producción de madera y leña. Todo esto unido a los adelantos técnicos, especialmente en informática, de la época originó un diseño del inventario de estructura y características bastante diferentes de las del anterior.
Por supuesto los resultados obtenidos superaron en calidad, en cantidad y en facilidad de manejo a los de su antecesor.
Pero el tiempo no se detiene y lo que diez años antes era uno de los más avanzados inventarios forestales del mundo a mediados de los años noventa del siglo pasado presentaba ya un diseño bastante anticuado. La percepción del ámbito forestal había cambiado ya mucho respecto a la tradicional. Esta apreciación nueva se expresó en importantes acontecimientos nacionales e internacionales, como la "Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo" (1992), el Foro Forestal de Naciones Unidas (UNFF), las Conferencias Ministeriales para la Protección de Bosques en Europa de 1990 (Estrasburgo), 1993 (Helsinki), 1997 (Lisboa) y 2003 (Viena), los congresos forestales mundiales de 1991 , 1997 y 2003 y los correspondientes españoles de 1997, 1999 y 2001, así como la ley de "Conservación de espacios naturales" (1989) y la Ley básica de Montes estatal (2003), las diversas normas legislativas y de gestión de las comunidades autónomas, y las nuevas estrategias forestal y de diversidad biológica del MIMAM, así como el Plan Forestal Español.
Ante estas nuevas solicitudes el ámbito forestal y sus disponibilidades tenían que atender las demandas sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones actuales y venideras. Demandas que deben materializarse en bienes y servicios forestales, como madera y derivados de la madera, agua, alimentos, empleo, medicinas, forrajes, combustibles, esparcimiento, hábitats, almacenes de carbono, diversidad biológica, protección del ambiente, paisaje, etc.
La estimación de los valores de aquellos atributos de los montes relacionados con estos requerimientos antiguos y nuevos fue el objetivo del IFN3 que, iniciado en 1997, terminó su ciclo en 2007, y que se definió como el inventario de los sistemas forestales. En él están al mismo nivel los parámetros o indicadores de las funciones o utilidades productivas, protectoras, ecológicas y recreativas que particularizan y dan su enorme valor a los espacios forestales, en los que la humanidad es un factor más, si bien el más relevante.
Un inventario forestal nacional es un proyecto de alto coste económico y para rentabilizar esa gran inversión es necesario que tenga utilidad en múltiples campos, que sirva para muchas cosas. Así pues, a los diseñadores se les impuso una serie de metas que debe alcanzar el proyecto, definidas por unos objetivos generales y otros determinados.
Los objetivos generales de este inventario fueron los siguientes:
Y los específicos o determinados fueron:
Para poder lograr todos estos objetivos fue necesario diseñar un inventario más complicado que los anteriores, con las siguientes principales novedades:
A estas novedades hubo que añadir las características de los inventarios anteriores que se conservan en éste:
Como recopilación de todo lo tratado puede decirse que el tercer inventario forestal nacional de España, en su ciclo de 1997 a 2007, fue un proyecto complicado, importante, útil, necesario, deseado, costoso y esmerado que suministró a España y a sus comunidades autónomas y, parcialmente, a la Unión Europea la información indispensable para conocer la evolución de sus sistemas boscosos, divulgar sus beneficios, comprender su funcionamiento, promulgar una política medioambiental adecuada para el nuevo milenio, publicar una legislación que ayude a tener cada vez más y mejores montes y actuar con racionalidad para alcanzar un óptimo desarrollo y una gestión sostenible de los ecosistemas forestales españoles.
Toda la información obtenida por los sucesivos inventarios forestales nacionales está disponible en la web del MITECO.