Las ayudas con cargo al PRTR pueden ser territorializadas y transferidas a las comunidades autónomas, o centralizadas y gestionadas directamente por el MITECO. En el primer caso inicialmente se reparte la mitad del monto total y los Gobiernos regionales pueden solicitar más recursos cuando agotan esa asignación hasta cubrir todo el presupuesto.
Entre los programas lanzados destacan los destinados al fomento a la movilidad eléctrica, el MOVES III y el MOVES Singulares II. En el primero, dotado con 800 millones, todas las comunidades autónomas han lanzado ya las convocatorias de ayudas. En el segundo, de gestión centralizada, las solicitudes recibidas han superado el presupuesto originalmente destinado, de 100 millones.
En otra de las grandes líneas territorializadas, con 1.320 millones para impulsar el autoconsumo, el almacenamiento detrás del contador y la climatización con renovables, 12 de las comunidades autónomas ya han puesto las ayudas a disposición del público y una ha cubierto el cupo originalmente asignado, por lo que ha solicitado ampliación.
Ribera ha subrayado el gran éxito del programa centralizado para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en municipios menores de 5.000 habitantes. Con una asignación inicial de 75 millones, se ha decidido ampliarlo hasta los 325 millones para atender todas las peticiones recibidas, la mitad de localidades con menos de 1.000 vecinos.
Con relación a las líneas territorializadas de apoyo para la rehabilitación energética de los edificios, PREE y PREE 5.000, la primera ha experimentado ya una ampliación de sus fondos hasta los 402,5 millones –originalmente eran 300 millones– y la segunda, con 100 millones, está a disposición del público en 12 comunidades y dos ya han pedido la ampliación presupuestaria.
NUEVOS PROGRAMAS
Respecto a los nuevos programas, en los próximos días se lanzará el MOVES Flotas, para la renovación de flotas de vehículos ligeros que operen en más de una comunidad autónoma. De gestión centralizada, cuenta con 50 millones asignados, que se repartirán con los mismos criterios que el MOVES III.
Ya ha superado la fase de audiencia pública el programa territorializado para apoyar proyectos piloto singulares en las comunidades energéticas. Adicionalmente, también se pondrán a disposición de las comunidades oficinas de transformación comunitaria para facilitar la implantación de los proyectos.
La vicepresidenta ha anunciado la aprobación inminente de la línea territorializada para nuevas aplicaciones de energías renovables térmicas en sectores productivos, con una partida de 300 millones, así como otra línea específica para proyectos singulares de biogás, con 150 millones, que será centralizada.
Igualmente ha explicado los nuevos programas centralizados para I+D en almacenamiento energético, para la cadena de valor innovadora del hidrógeno renovable y para los proyectos singulares y pioneros de hidrógeno renovable, cuya asignación económica, proyecto a proyecto, dependerá de la respuesta de los beneficiarios.
HOJA DE RUTA DEL AUTOCONSUMO
La vicepresidenta y los representantes regionales han tratado la nueva Hoja de ruta del autoconsumo, que aspira a incrementar la potencia instalada en este tipo de aplicaciones desde los 1.500 MW actuales hasta los 9.000 MW en 2030, y ha incidido en la necesidad de disponer de un seguimiento de calidad de la evolución de este mercado para conocer sus necesidades y satisfacerlas.
Sobre otras ayudas al margen del PRTR, Ribera ha expuesto la ampliación del plazo a las destinadas a mejorar la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, con 30 millones territorializados.
Durante la Conferencia, se ha abordado la situación de las tramitaciones de los proyectos de renovables y se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para encontrar fórmulas que agilicen los procedimientos administrativos.
También se ha despachado sobre la coyuntura energética global, de elevados precios de la energía, con especial atención a las negociaciones en el plano europeo, donde España está abogando por una reforma de la legislación comunitaria que amplíe la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los mercados internacionales, y por establecer fórmulas que les trasladen cuanto antes los beneficios de la transición energética.
