PATRIMONIOS FORESTALES Montes de Utilidad Pública
ORIGEN Y PROTECCIÓN
El origen del Catálogo de Montes de Utilidad Pública se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que el Gobierno estableció la venta de todos aquellas propiedades forestales y sus ingresos pasaran a las arcas de la Hacienda Pública independientemente del titular. Los predios se encontraban en manos de la Corona, la Iglesia, la Nobleza, los Concejos, de Comunidades de Ciudad o Villa y Tierra, etc. Como freno a esta actividad desamortizadora fruto de la ley Madoz de 1855, se consiguió que muchos de los montes de titularidad pública que cumplían con los requisitos establecidos fueron declarados por el Gobierno exceptuados de venta al considerar que contribuían a los intereses generales del país tanto desde el punto de vista económico como de “la física del globo”. Aunque el criterio para exceptuar montes de la venta en pública subasta fue modificado en sucesivas ocasiones, la relación de montes que no fueron enajenados por declararse de utilidad pública supuso el origen de lo que hoy es el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que vio la luz mediante el Real Decreto de 22 de enero de 1862.
La creación de dicho Catálogo evitó que pasaran a manos privadas millones de hectáreas de montes arbolados en el país para ser cortadas sin asegurar su persistencia y ha permitido preservar hasta la actualidad un patrimonio incalculable. Hoy en día, esta protección jurídica continúa merced al reconocimiento que tanto el Código Civil como la Ley de montes se hace a este dominio público.
EL CATÁLOGO DE MONTES EN LA ACTUALIDAD
El Catálogo se ha transmitido hasta nuestros días y las competencias en esta materia se transfirieron a las Comunidades Autónomas (años 1980-1983), si bien la ley insta a trasladar ciertas inscripciones que practiquen en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública al Ministerio, al que encomienda la coordinación en su llevanza.
Los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos pueden ser declarados de utilidad pública e incluirse en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública:
- Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
- Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad.
- Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.
- Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados.
- Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
- Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.
Se cuentan 11.359. montes declarados de utilidad pública extendiéndose por más 7,18 millones de hectáreas pertenecientes a entidades de derecho público. El conjunto se configura como un patrimonio natural excepcional, y fuente de ingresos económicos de muchos municipios y proveedor de bienes y servicios a la sociedad en general. Contienen ejemplos de las mejores formaciones de pinares, rebollares, encinares, hayedos, acebedas, sabinares, dehesas, matorrales diversos y multitud de ricos y variados pastizales.
