Presupuesto y financiación
La ejecución e implantación de esta revisión de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos se identifica y materializa a través de los Programas de medidas establecidos en los Planes hidrológicos de cuenca y en los Planes de gestión del riesgo de inundación, aprobados en 2023, con un horizonte temporal a 2027, si bien, a nivel estratégico esta revisión de la ENRR tiene el horizonte temporal 2030, conforme al documento “Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático” aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de julio de 2022 en cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Las medidas identificadas en estos planes superan los 34.000 millones de euros entre todas las administraciones, para la mejora en la gestión del agua en España. De ellos, más de 22.000 millones se corresponden con las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. En este sentido, y ya considerados en estas cifras, el presupuesto previsto de los PGRI de segundo ciclo supone un total de 3.600 millones de euros, repartidos en 2.250 millones de euros en las cuencas intercomunitarias y 1.350 millones en las cuencas intracomunitarias.
Para implantar estas medidas, y conforme al marco de la revisión de esta Estrategia, cabe destacar, conforme al objetivo anteriormente citado, el reparto de los fondos previstos a la revisión y actualización de esta Estrategia quedando asociado a cada una de las líneas estratégicas de actuación de acuerdo a la siguiente tabla:
Las fuentes de financiación más relevantes para las líneas contempladas en esta Estrategia y los proyectos de restauración fluvial asociados provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (Inversión nº2 “Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación” de la Componente 5). También, dentro de los fondos e instrumentos financieros comunitarios, destaca la financiación FEADER y el Programa LIFE, instrumentos tradicionalmente empleados para la cofinanciación de actuaciones de protección y medio ambiente. En la propuesta del Programa LIFE para el periodo 2021-2027, la Comisión Europea se propone asignar 5.450 millones de euros a proyectos de apoyo al medio ambiente y la acción por el clima, lo que representa un aumento de 1.950 millones de euros.
A nivel nacional, en el ámbito de las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), destaca la creación del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER), con capacidad para financiar acciones de naturaleza anual y plurianual y conceder subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones y proyectos que fomenten la transición ecológica y digital de la economía española, de manera acorde a las prioridades determinadas por las instituciones de la UE. Igualmente, la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, en relación con la posible financiación de medidas de los PGRI, disponen de los Programas presupuestarios 452A “Gestión e Infraestructuras del Agua” y Programa 456A de “Calidad del agua”. Estos presupuestos se completarán con los disponibles por los fondos propios de los Organismos de cuenca, así como los disponibles por las Comunidades Autónomas, esencialmente en las cuencas intracomunitarias, Diputaciones Provinciales, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, etc., así como con fondos de centros de investigación públicos y los que se consigan movilizar a partir de la iniciativa privada.
Por último y también en el ámbito nacional, el desarrollo del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en materia de gestión del agua, reducción del riesgo asociado a los fenómenos extremos y fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos (Plan PIMA Adapta AGUA), coordinado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y gestionado por la Dirección General del Agua (DGA), permite la financiación de medidas para la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica y la gestión del dominio público hidráulico que establecen la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones.
