Las inundaciones son la catástrofe natural que mayores daños genera en España. Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, en nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones de euros anuales. A modo de ejemplo, cabe destacar que sólo en bienes asegurados, en el período 1971-2016, según las estadísticas del Consorcio, el 44,6% de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, que han supuesto el 62% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen cerca de 130 millones de euros cada año.
Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las debidas a la elevación del nivel del mar.
La Instrucción de fecha 8 de julio de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de Actuaciones de Conservación, Protección y Recuperación en cauces de Dominio Público Hidráulico en el ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas establece el marco de acción para las obras a desarrollar por este Ministerio.
Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Los objetivos y proceso de la Directiva de inundaciones esta ilustrado en el folleto de implantación de la Directiva de Inundaciones.
En la actualidad se encuentran en pleno desarrollo los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo, aprobados a lo largo del año 2023 y que estarán en vigor hasta el año 2028. Dichos planes establecen los objetivos y medidas de reducción del riesgo de inundación en las áreas de riesgo potencial significativo de inundación designadas para este ciclo:
En este visor pueden verse las ARPSI de toda la Unión Europea y en este enlace puede acceder a la web principal de información genérica de la Comisión Europea de desarrollo de esta Directiva. Paralelamente, la Comisión Europea dispone de una plataforma colaborativa conocida como "CIRCA BC" donde se puede acceder a toda la información de los grupos de trabajo para la implantación de todas las Directivas Europeas, incluida la información del grupo de trabajo sobre inundaciones (WG F on Floods). Un documento de ayuda para acceder a esta información disponible en CIRCA BC puede descargarse en este enlace.