Gestión de los riesgos de inundación
Las inundaciones son las catástrofes naturales más frecuentes y que mayores daños generan en España. Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, las inundaciones suponen un 65% del importe de los daños indemnizados por riesgos extraordinarios. Son cada vez más frecuentes debido al cambio climático y tienen efectos devastadores, poniendo en peligro vidas humanas y provocando cuantiosas pérdidas económicas, entre otros impactos negativos.
Se prevé que en las próximas décadas aumente el riesgo de inundaciones. Con las medidas adecuadas puede reducirse su probabilidad y limitar su impacto. Para ello, la gestión integrada del riesgo de inundaciones debe centrarse en la gestión sostenible del agua y en medidas que minimicen el impacto de estos fenómenos meteorológicos extremos.
El marco básico para evaluar y gestionar el riesgo de inundación es el creado por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva de Inundaciones), que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Esta normativa establece que la gestión del riesgo debe hacerse a través de 3 fases consecutivas. Estas fases son:
• identificar las áreas donde pueden producirse inundaciones significativas, o Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), en la que se
• cartografiar la posible extensión de las inundaciones y los bienes y personas en riesgo en las ARPSI con la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación. Estos mapas, y las ARPSI, están disponibles en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
• adoptar medidas adecuadas y coordinadas para reducir el riesgo de inundación en esas zonas en Planes de Gestión Integrada del Riesgo de Inundación.
Cada una de estas fases está abierta a la participación pública. Estas fases se repiten en ciclos de 6 años para su actualización.
En la actualidad están en vigor los Planes de Gestión del Riesgo del segundo ciclo, que estarán en vigor hasta el año 2027, y se está finalizando la EPRI del tercer ciclo.
